Carolina Rodriguez
Jubilados, profesores y estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) se movilizaron el lunes 26 de octubre en Ciudad Universitaria para manifestar su rechazo a los cambios propuestos al sistema de pensiones, al considerar que las modificaciones afectarían las prestaciones y los derechos laborales de la comunidad universitaria.
La protesta comenzó en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas y concluyó frente a la Torre de Rectoría, donde los inconformes demandaron revisar a fondo las finanzas del fondo de pensiones antes de impulsar cualquier modificación.
Entre sus principales exigencias se encuentran una auditoría forense realizada por especialistas independientes, la difusión completa de los estudios actuariales y la apertura de una mesa de diálogo en la que participen trabajadores sindicalizados y no sindicalizados, además de expertos en derecho laboral y finanzas.
Los manifestantes también propusieron establecer mecanismos autónomos de vigilancia sobre los recursos y presentar informes anuales que permitan conocer la situación económica del fondo.
Asimismo, plantearon disminuir el gasto destinado a publicidad, conciertos y estructuras burocráticas, así como buscar recursos extraordinarios para mejorar las finanzas de la institución.
La movilización se produjo luego de que la rectora de la BUAP, Lilia Cedillo Ramírez, anunciara el aplazamiento de la consulta sobre la reforma, que estaba programada para el 28 de octubre. La decisión busca ampliar la participación de los académicos en activo, sin importar su afiliación sindical.
Académicos alertan por cambios en las jubilaciones
Cecilia Uribe, investigadora del Instituto de Ciencias de la BUAP y participante en el movimiento, señaló que las modificaciones planteadas contemplan elevar las aportaciones de los trabajadores hasta 15 por ciento y establecer jubilaciones equivalentes al 85 por ciento del salario.
A juicio de la académica, estas medidas representarían un retroceso en las conquistas laborales obtenidas por los trabajadores universitarios a lo largo de los años.
También argumentó que el encarecimiento de bienes y servicios ha reducido el poder adquisitivo del personal, por lo que consideró necesario discutir alternativas que mejoren los ingresos de los empleados, en lugar de aplicar medidas que disminuyan sus prestaciones.
Uribe cuestionó además que la discusión sobre el sistema de pensiones no involucrara desde el principio a todos los sectores de la universidad. Por ello, insistió en que estudiantes, docentes y trabajadores deben tener voz en las decisiones que definirán el futuro de sus jubilaciones.
Exigen aclarar diferencias entre pensiones
Otro de los puntos señalados durante la protesta fue la disparidad entre los montos que reciben distintos integrantes de la comunidad universitaria retirados del servicio.
Uribe afirmó que algunos exrectores perciben pensiones superiores a los 100 mil pesos mensuales, mientras que otros trabajadores jubilados reciben cantidades de apenas unos miles de pesos.
Ante este panorama, los inconformes solicitaron revisar los criterios con los que se asignan las pensiones y transparentar la administración de los recursos destinados a cubrirlas.
La académica también hizo referencia a presuntas deudas vinculadas con exrectores y a carpetas de investigación relacionadas con estos señalamientos. Consideró que estos asuntos deben esclarecerse mediante la revisión de la documentación financiera y los expedientes correspondientes.
Los manifestantes sostuvieron que cualquier reforma al sistema de pensiones debe sustentarse en información verificable, transparencia financiera y un proceso de negociación que garantice la participación de los sectores afectados.
