Ariana Palacios
El feminicidio de María Fernanda destapó una nueva tormenta dentro de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), donde alumnas aseguran que las denuncias por violencia han sido minimizadas por las autoridades universitarias y que incluso algunas estudiantes habrían sido amenazadas con perder sus becas si deciden alzar la voz.
Las acusaciones apuntan directamente a la actuación de Rectoría, encabezada por Luis Ernesto Derbez Bautista, a quien estudiantes señalan de privilegiar, presuntamente, el prestigio de la institución por encima de la atención a quienes denuncian agresiones.
Uno de los testimonios corresponde a Paulina Gutiérrez, alumna de la Facultad de Médico Cirujano, quien afirmó haber sufrido agresiones por parte de quien entonces era su pareja sentimental y también estudiaba en la UDLAP.
De acuerdo con su relato, cuando acudió ante las autoridades universitarias para denunciar lo ocurrido, su caso habría sido minimizado y no recibió la respuesta que esperaba.
Pero el señalamiento más grave es que, según la estudiante, autoridades de la universidad habrían advertido a alumnas que podrían perder sus becas si hacían públicas sus denuncias o cuestionaban la manera en que la institución atiende los casos de violencia.
El caso de María Fernanda enciende la protesta
La inconformidad tomó fuerza después del feminicidio de María Fernanda, localizada sin vida el domingo 4 de octubre en un domicilio de la calle 14 Oriente, en San Andrés Cholula.
La Fiscalía General del Estado informó que la joven presentaba huellas de violencia y que Bryan N., señalado como su expareja, fue detenido en relación con el caso.
La polémica aumentó después de que la UDLAP difundiera un comunicado en el que aseguró que María Fernanda y Bryan N. no eran estudiantes de la institución.
La versión fue cuestionada por integrantes de la comunidad universitaria, quienes sostienen que ambos sí tuvieron relación académica con la universidad.
Este lunes, estudiantes colocaron carteles en los accesos de la UDLAP con mensajes para exigir justicia para María Fernanda y reclamar a las autoridades universitarias que dejen de minimizar las denuncias de violencia.
Las alumnas también exigieron respuestas sobre los protocolos utilizados por la institución y cuestionaron qué ocurre con las estudiantes que denuncian agresiones dentro o fuera del campus.
Mientras la investigación por el feminicidio continúa, las acusaciones de las estudiantes colocan a la UDLAP bajo presión para aclarar cómo ha atendido las denuncias de violencia y si realmente existen mecanismos suficientes para proteger a quienes deciden denunciar.
