Carolina Rodriguez
El Gobierno de Puebla prepara una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) contra personas presuntamente relacionadas con una red de despojo inmobiliario, conocida como el Cártel del Despojo, anunció el gobernador Alejandro Armenta Mier, en medio de los señalamientos periodísticos que vinculan al exfuncionario Jorge Estefan Chidiac con la empresa que vendió el terreno donde se construyó el nuevo Congreso local.
El mandatario informó que la Consejería Jurídica reúne elementos para sustentar la acción legal y sostuvo que las investigaciones deberán avanzar sin importar quiénes resulten involucrados.
El anuncio ocurre después de la difusión de la segunda entrega de la investigación El Cártel del Despojo, publicada por Los Reporteros MX y realizada por el periodista Manuel Pedrero, en la que se exponen presuntas irregularidades en la adquisición de un predio ubicado en la zona de Los Fuertes.
Gobierno pagó 86.5 millones por el terreno del Congreso local
De acuerdo con la investigación periodística, en octubre de 2022 el Gobierno estatal desembolsó 86 millones 552 mil pesos a Inmobiliaria 2015 por un terreno de más de 12 mil 800 metros cuadrados, donde posteriormente se edificó la nueva sede del Poder Legislativo.
Uno de los cuestionamientos centrales es que el predio habría sido donado previamente por el Gobierno federal a Puebla para un propósito diferente.
Según un decreto publicado en febrero de 2012 en el Diario Oficial de la Federación, el inmueble fue entregado al gobierno poblano con la condición de destinarlo a la construcción del Parque Metropolitano.
Sin embargo, aproximadamente diez años después, el terreno fue adquirido mediante un fideicomiso del Banco Estatal de Tierra, durante la administración del entonces gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta.
El reportaje también señala que la madre de Jorge Estefan Chidiac ingresó como accionista de Inmobiliaria 2015 en 2021 y refiere una presunta influencia del exfuncionario y de Domingo Antonio Fernández Brito en las decisiones de la compañía.
Estos señalamientos forman parte de la investigación periodística y deberán ser esclarecidos por las autoridades competentes.
Señalan a funcionarios por trámites del inmueble
La investigación también pone bajo escrutinio las actuaciones de servidores públicos que ocuparon cargos relacionados con la administración y el registro del patrimonio inmobiliario estatal.
Entre los nombres mencionados están Ernesto Vargas Melchor, entonces director general del Banco Estatal de Tierra; Lizeth Delfín Domínguez, quien encabezaba el Instituto Registral y Catastral de Puebla, y Sandra Escalona Vargas, directora de Catastro.
Uno de los puntos cuestionados es un levantamiento topográfico efectuado en septiembre de 2022, mediante el cual se habrían modificado las medidas y colindancias del predio. Según el reportaje, estos cambios habrían evitado que el inmueble se superpusiera en los registros con el terreno que previamente había sido donado por la Federación.
También se cuestiona un certificado de libertad de gravamen emitido en octubre de ese año, en el que el terreno aparecía sin cargas registradas, pese a los antecedentes de la donación federal.
Otro funcionario mencionado es Igor Emilio Ferrer Acuña, quien estuvo al frente de la Dirección de Bienes Muebles e Inmuebles del Gobierno estatal y actualmente dirige el área de Bienes Patrimoniales del Ayuntamiento de Puebla, encabezado por Pepe Chedraui Budib.
El trabajo periodístico refiere además posibles vínculos entre Inmobiliaria 2015 y el actual alcalde, aunque no establece de manera concluyente cuál habría sido su participación en la operación de compraventa.
Armenta advierte que las investigaciones llegarán hasta las últimas consecuencias
Sin precisar los nombres de las personas que serán denunciadas ni confirmar que la acción legal se concentre exclusivamente en la adquisición del terreno del Congreso, Armenta aseguró que su administración actuará contra quienes presuntamente participen en redes dedicadas al despojo de propiedades y al uso irregular de recursos públicos.
“En Puebla hay un cártel inmobiliario y hay un cártel del despojo”, afirmó el gobernador, al advertir que las indagatorias deben continuar hasta esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.
El mandatario insistió en que la aplicación de la ley no debe detenerse por la posición política, económica o administrativa de las personas señaladas.
Asimismo, acusó que presuntos delincuentes buscarían acercamientos con partidos políticos para obtener candidaturas a cargos municipales en 2027 y, de esa manera, acceder a espacios de poder desde los cuales podrían fortalecer sus actividades.
Por ahora, la denuncia anunciada por la Consejería Jurídica está en preparación. Será la Fiscalía General del Estado la instancia encargada de investigar los hechos que formalmente se le presenten y determinar si existen elementos para proceder contra personas específicas.
