Carolina Rodriguez
La diputada del PVEM pidió investigar la propiedad del predio ferroviario de San Pedro Cholula, vinculado a la familia del panista Jorge Gómez Carranco, quien respaldó políticamente a su madre, Paola Angon, para llegar a la alcaldía en 2021.
La diputada local María Fernanda de la Barreda Angon parece haber olvidado de dónde vino parte del respaldo político que impulsó a su familia en San Pedro Cholula.
Ahora, desde la tribuna del Congreso de Puebla, puso bajo la lupa a la familia del panista Jorge Gómez Carranco por la adquisición de los terrenos de la antigua estación del ferrocarril, un predio que durante años ha estado envuelto en disputas sobre su propiedad y su posible recuperación como espacio público.
La legisladora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) exigió esclarecer cómo los aproximadamente 3 mil 800 metros cuadrados de la antigua estación terminaron en manos particulares y si las administraciones municipales tuvieron la oportunidad de gestionar su donación o adquisición para beneficio de los cholultecas.
La ironía política no pasa inadvertida: Gómez Carranco fue uno de los personajes panistas que brindaron respaldo a Paola Angon Silva, madre de María de la Barreda, en su camino hacia la Presidencia Municipal de San Pedro Cholula en 2021. Hoy, la hija de la exalcaldesa promueve una investigación que pone en el centro de la discusión el patrimonio inmobiliario relacionado con la familia de aquel operador político.
AHORA QUIERE QUE SE INVESTIGUE A QUIENES ESTUVIERON DE SU LADO
Desde el Congreso local, De la Barreda cuestionó por qué los terrenos de la antigua estación no terminaron bajo resguardo municipal y quién dejó pasar la oportunidad de convertirlos en patrimonio público.
La diputada recordó que el decreto federal del 4 de junio de 2001 contemplaba mecanismos para transferir determinados bienes ferroviarios a estados y municipios con fines sociales, además de establecer supuestos de preferencia para su adquisición.
Con ese argumento, exigió revisar si el Ayuntamiento fue informado, si se realizaron gestiones para obtener el inmueble y si alguna decisión u omisión terminó favoreciendo intereses particulares.
Aunque sus señalamientos buscan esclarecer operaciones inmobiliarias del pasado, la propuesta abre un nuevo frente político alrededor de una familia que tuvo presencia en las negociaciones relacionadas con el proyecto del Tren Turístico Puebla-Cholula.
UN PREDIO ENTRE NEGOCIOS, NEGOCIACIONES Y DISPUTAS
La antigua estación ferroviaria, con una superficie aproximada de 3 mil 800 metros cuadrados, albergó distintos establecimientos comerciales después de que desapareció el servicio ferroviario original. Entre ellos estuvieron el restaurante La Vía, un antro y una tienda Oxxo.
Durante 2015 y 2016, en el contexto de la construcción del Tren Turístico Puebla-Cholula, Jorge Gómez Carranco participó en negociaciones con autoridades estatales y municipales para facilitar parte del terreno destinado a la terminal ferroviaria.
En administraciones posteriores también surgieron propuestas para recuperar el espacio y destinarlo a proyectos de utilidad pública, como un centro artesanal o un paradero de transporte.
Ahora, María de la Barreda quiere que se revisen las transmisiones de propiedad y las decisiones gubernamentales que permitieron que el inmueble permaneciera en manos privadas. Sin embargo, una investigación deberá determinar si existieron irregularidades, pues la propiedad privada y las negociaciones descritas no acreditan por sí mismas la comisión de algún delito.
EXIGE ABRIR LOS ARCHIVOS DEL AYUNTAMIENTO
La diputada también pidió a las administraciones municipales anteriores rendir cuentas y exigió al gobierno actual transparentar permisos de construcción, cambios de uso de suelo, subdivisiones, derechos cobrados e impuestos relacionados con el inmueble.
Además, solicitó la intervención del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, de las autoridades registrales y del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), con el propósito de esclarecer las operaciones y determinar las medidas de protección patrimonial que correspondan.
“El cambio de gobierno no borra la historia ni cancela la obligación de rendir cuentas”, sostuvo.
La legisladora también planteó que, una vez concluidas las investigaciones, se exploren mecanismos legales de adquisición, donación o convenio para recuperar el espacio y destinarlo a fines culturales y sociales.
Por ahora, su propuesta coloca nuevamente a la antigua estación en el centro de la disputa política cholulteca y deja una pregunta incómoda sobre la mesa: ¿hasta dónde llegará la ofensiva de María de la Barreda contra los actores políticos vinculados con el pasado de su propia familia?
Mientras la diputada exige cuentas por el destino del inmueble, queda pendiente esclarecer tanto la historia jurídica del predio como las responsabilidades que, en su caso, pudieran derivarse de las actuaciones de las autoridades involucradas.
