Ariana Palacios
El gobernador Alejandro Armenta Mier sostuvo que la detención de Antonio Martínez Fuentes, alias El Toñín, enfrenta obstáculos por las presuntas redes de protección que, según afirmó, involucran a delincuentes, funcionarios públicos y empresarios.
El mandatario rechazó que la falta de resultados obedezca a una ausencia de voluntad por parte de las autoridades y argumentó que los operativos deben planearse con cautela ante los riesgos que representan las posibles complicidades que rodean al personaje señalado.
Armenta aseguró que la dimensión de estas relaciones no siempre es conocida por la población y mencionó la presunta participación de actores políticos y económicos que podrían dificultar las acciones de las corporaciones de seguridad.
Muertes de policías y militares marcan los operativos
Para justificar la prudencia con la que, dijo, deben conducirse las autoridades, el gobernador recordó que varios elementos de seguridad han muerto durante intervenciones relacionadas con la búsqueda y captura de presuntos integrantes de grupos criminales.
Entre las víctimas mencionó a efectivos de la Secretaría de Marina, integrantes de la Guardia Nacional y agentes ministeriales, quienes han perdido la vida en distintos enfrentamientos e intentos de detención.
También hizo referencia al asesinato de tres ministeriales en Tecamachalco, ocurrido en noviembre de 2021, hecho que dio lugar a investigaciones contra policías municipales por su presunta participación en el caso.
Ante estos antecedentes, Armenta insistió en que las acciones para detener a objetivos prioritarios requieren preparación y una evaluación de los peligros para el personal desplegado.
Armenta promete combatir la corrupción en corporaciones
En otro tema, el gobernador afirmó que su administración busca fortalecer las instituciones responsables de la seguridad pública y la procuración e impartición de justicia, con el objetivo de frenar prácticas irregulares y mejorar su funcionamiento.
Entre las instancias que mencionó están la Fiscalía General del Estado (FGE), el Tribunal Superior de Justicia y la Policía Estatal, organismos en los que, aseguró, se pretende avanzar en el combate a la corrupción.
El titular del Ejecutivo también defendió que su gobierno hable abiertamente sobre la presencia de grupos delictivos en Puebla, al considerar que reconocer el problema es parte de la estrategia para enfrentarlo.
Sus declaraciones colocan nuevamente en el centro de la discusión las presuntas redes de protección criminal y los desafíos que enfrenta el estado para llevar ante la justicia a objetivos prioritarios como El Toñín.
