Carolina Rodriguez
La detención de Juan Lira Maldonado, alias “El Moco”, abrió una nueva línea de investigación sobre la presunta protección política, policiaca y administrativa que habría permitido al señalado operar en la Sierra Norte de Puebla y zonas de Hidalgo. La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) advirtió que las indagatorias podrían alcanzar a funcionarios públicos y aspirantes a cargos de elección popular.
El titular de la SSP, el vicealmirante Francisco Sánchez González, reveló que la información obtenida tras la captura apunta a posibles nexos entre el presunto líder huachicolero y personas que ocuparían puestos en distintos niveles de gobierno, así como actores vinculados con la actividad política.
El caso también pone bajo escrutinio el entorno electoral de Chignahuapan y las fuerzas políticas que habrían dado espacio a perfiles relacionados con el detenido. Entre ellas se encuentran Fuerza por México (FxM), encabezado por Maiella Gómez, y Movimiento Ciudadano (MC), cuya dirigencia estatal está a cargo de Fedrha Suriano.
No obstante, hasta el momento no se han presentado públicamente elementos que permitan atribuirles responsabilidades penales.
Una presunta nómina que alcanzaría a funcionarios y políticos
Sánchez González sostuvo que la estructura de colaboradores de “El Moco” habría sido extensa y le habría permitido mantener influencia en determinadas comunidades, al grado de dificultar el ingreso y las operaciones de las corporaciones de seguridad.
El funcionario confirmó que entre las personas bajo investigación habría servidores públicos y aspirantes a puestos de elección popular.
“Hay funcionarios, sí, sí hay funcionarios; hay aspirantes a cargos de elección popular que también están inmiscuidos con esta gente”, declaró el secretario al referirse a los datos recabados por las autoridades.
De acuerdo con el titular de Seguridad Pública, los presuntos vínculos habrían contribuido a obstaculizar las labores de las corporaciones y a complicar la captura de Lira Maldonado, quien era considerado un objetivo prioritario.
Evidencias podrían derivar en nuevas detenciones
La SSP informó que los documentos, indicios y demás medios de prueba obtenidos durante las investigaciones serán analizados para identificar a quienes presuntamente colaboraban con el grupo delictivo.
Sánchez González anticipó que los resultados podrían traducirse en nuevas acciones judiciales, siempre que la Fiscalía General del Estado (FGE) encuentre elementos suficientes para solicitar órdenes de aprehensión.
“Derivado de todos los medios de prueba que se pudieron obtener, vamos a tener mucha información que vamos a explotar y seguramente se va a traducir en que la Fiscalía gire órdenes de aprehensión, porque obviamente la nómina que tenía esta persona era muy grande”, afirmó.
Aunque el funcionario no reveló identidades ni precisó cuántas personas estarían bajo investigación, dejó claro que las indagatorias no concluirán con la captura del presunto líder huachicolero.
Las autoridades buscarán determinar quiénes habrían facilitado las operaciones de su organización, qué funciones desempeñaban dentro de la presunta red y si existen pruebas para fincar responsabilidades.
Por ahora, las posibles implicaciones de funcionarios y actores políticos deberán establecerse mediante las investigaciones ministeriales. La eventual emisión de órdenes de aprehensión dependerá de los elementos que reúna la Fiscalía.
