Carolina Rodriguez
El municipio de Esperanza, Puebla, fue utilizado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, como referencia para explicar la estrategia federal frente a las redes de protección que presuntamente benefician a grupos criminales, incluso con la participación de autoridades y el respaldo de algunos sectores de la población.
Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, realizada este martes, el funcionario explicó que el denominado Operativo Enjambre tuvo que ser replanteado después de que, en dos intervenciones anteriores, elementos federales y estatales fueran retenidos. Para el tercer despliegue, dijo, se reforzaron la planeación y la coordinación entre las instituciones de seguridad, lo que permitió ejecutar las acciones sin incidentes.
La intervención realizada el 7 de septiembre de 2026 derivó en la detención del alcalde de Esperanza, Isaac N., de la exdirectora de Seguridad Pública, Abigail N., y de otros policías municipales, señalados por su presunta relación con actividades delictivas.
García Harfuch sostuvo que las acciones no están dirigidas contra los habitantes que viven en esas localidades, sino contra quienes presuntamente participan en delitos. También advirtió que las personas que agredan o lesionen a integrantes de las corporaciones de seguridad pueden ser detenidas en flagrancia.
Al ser cuestionado sobre organizaciones criminales que reciben apoyo de pobladores, como se ha reportado en Morelos y otras entidades, el secretario señaló que estos casos requieren intervenciones mejor organizadas y con mayor respaldo institucional.
Asimismo, relacionó al grupo identificado durante la conferencia como Pueblos Unidos con delitos como extorsión, robo de vehículos, homicidio y venta de drogas.
Esperanza acumula episodios de tensión con fuerzas federales
Los antecedentes de enfrentamientos y confrontaciones entre habitantes de Esperanza y elementos de seguridad muestran que las intervenciones contra el robo de transporte de carga han generado situaciones de riesgo en la región.
El 29 de febrero de 2024, efectivos de la Guardia Nacional fueron atacados a balazos cuando intentaban recuperar un tractocamión robado. De acuerdo con reportes periodísticos, en una primera agresión habrían participado personas que viajaban en una patrulla municipal. Más tarde, un grupo de encapuchados atacó a los agentes, liberó a personas sometidas y se llevó la unidad. Un elemento federal resultó herido de bala.
Otro episodio ocurrió el 17 de enero de ese año, cuando presuntos responsables del robo de un tractocamión embistieron una patrulla de la Guardia Nacional durante una persecución y escaparon. Después, pobladores confrontaron a los uniformados, los insultaron e intentaron agredirlos.
La tensión también se registró en julio de 2026, en la comunidad de San Juan Cuyachapa, donde habitantes impidieron inicialmente que elementos federales recuperaran un tractocamión robado. La intervención de policías estatales permitió entablar un diálogo y finalmente asegurar el vehículo.
Aunque estos hechos reflejan antecedentes de resistencia a operativos de seguridad en el municipio, no se ha confirmado que correspondan específicamente a los dos episodios de retención de agentes mencionados por García Harfuch durante la conferencia.
El funcionario federal presentó el caso de Esperanza como un ejemplo de la importancia de fortalecer la coordinación operativa para enfrentar a grupos delictivos y actuar ante posibles redes de protección, sin dirigir las acciones contra la población civil.
