Carolina Rodriguez
La presidenta municipal de San Miguel Xoxtla, Guadalupe Ortiz Pérez, defendió la construcción del Pozo Pavigi, aseguró que el proyecto busca garantizar el suministro de agua potable para los habitantes y acusó a integrantes de la oposición de utilizar la problemática hídrica con fines políticos. También denunció presuntos actos de hostigamiento contra ella y su familia.
En una exposición pública, la alcaldesa presentó antecedentes documentales sobre los acuerdos relacionados con el abastecimiento de agua durante los últimos 30 años. Además, explicó las diferencias entre el Pozo 4 y el proyecto Pavigi, luego de señalar que existe confusión sobre el destino del agua de ambas obras.
Pozo Pavigi busca sustituir una fuente de abastecimiento obsoleta
Ortiz Pérez explicó que los acuerdos para compartir agua con la zona metropolitana de Puebla se remontan a administraciones anteriores. Entre los antecedentes mencionó el convenio de 1997 y el compromiso establecido durante el gobierno municipal de 2014 a 2018, cuando se acordó perforar el Pozo 4, con una distribución del recurso en partes iguales para Xoxtla y la zona metropolitana.
También recordó que en julio de 2023, durante la administración de Guadalupe Siyancan Peregrina, se firmó una minuta con la Secretaría de Gobernación estatal para refrendar compromisos de infraestructura hidráulica.
Sin embargo, aclaró que el Pozo Pavigi, también denominado Pozo Bienestar, corresponde a una obra distinta, proyectada para sustituir al Pozo 2, cuya infraestructura presenta fallas técnicas y se encuentra rodeada de viviendas.
De acuerdo con la presidenta municipal, las minutas de trabajo de octubre establecen que esta nueva fuente de abastecimiento será de uso exclusivo para las familias de San Miguel Xoxtla.
“El Pozo Pavigi no responde a una necedad de esta administración. Es la reposición indispensable del Pozo 2 que ya no sirve y una demanda social de casi 30 años para garantizar agua a nuestra gente”, sostuvo.
Recursos legales retrasaron las obras estatales
La alcaldesa señaló que los recursos legales promovidos contra el proyecto fueron desestimados por las autoridades judiciales, situación que, afirmó, permitirá retomar los trabajos que permanecieron detenidos durante más de un año.
También cuestionó la ausencia de los regidores Aidé Pérez Marín y Edgar Bermúdez Portillo, así como de los ciudadanos José Pablo Pérez, Brenda Paola Pérez Marín y Mari Carmen Sánchez Flores, a la mesa de diálogo convocada por la Secretaría de Gobernación el pasado 15 de octubre.
Pese a las inasistencias, indicó que el Cabildo ratificó ante notario público los compromisos relacionados con la conectividad hidráulica.
Ortiz Pérez justificó la necesidad de ampliar la infraestructura al señalar que los tres pozos existentes no garantizan por sí solos el suministro suficiente para los más de 14 mil habitantes del municipio.
Detalló que el Pozo 1 produce 11 litros por segundo, el Pozo 2 aporta apenas cuatro y el Pozo 3 genera 20 litros por segundo.
Ayuntamiento reporta obras para mejorar los servicios
Mientras avanzan las gestiones para concretar la concesión correspondiente ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el gobierno municipal informó sobre trabajos para mejorar los servicios de agua potable y drenaje.
Entre las acciones reportadas se encuentran la instalación de 477 metros de tubería para agua potable, de los cuales 200 metros corresponden a la prolongación Aldama y 277 a la calle Ignacio Zaragoza.
Asimismo, se rehabilitaron 448.81 metros de drenaje en Ignacio Zaragoza y otros 55 metros en la privada Benito Juárez.
La administración también reportó la adquisición de una pipa mediante incentivos fiscales de la empresa Ternium, un apoyo de 25 mil pesos para la cisterna del COBAEP, labores de mantenimiento del alcantarillado y jornadas de limpieza en el río Atoyac.
Guadalupe Ortiz acusa hostigamiento contra ella y su familia
En otro momento de su intervención, la alcaldesa denunció presuntos actos de acoso, violencia política de género y amenazas que, aseguró, involucran a personas vinculadas con la oposición al proyecto hidráulico.
Señaló directamente a la regidora de Educación, Aidé Pérez Marín, de presuntamente promover movilizaciones frente a su domicilio y ataques en redes sociales contra ella y sus familiares, incluida su hija menor de edad.
La presidenta municipal afirmó contar con audios y registros digitales que, según su versión, mostrarían la coordinación de estas acciones. También denunció que presuntamente se habría pagado a menores para entregar mensajes de odio dirigidos a su hija.
“Si algo llegara a pasar a mi persona, a mi familia y sobre todo a mi hija, hay responsables, tienen nombre y por supuesto que actuaremos”, advirtió.
Ortiz Pérez sostuvo que la controversia por el agua en la Unidad Deportiva Pavigi ha sido utilizada por actores políticos con aspiraciones electorales. No obstante, aseguró que permanecerá en su domicilio en Xoxtla y continuará con las acciones legales que considere pertinentes.
Las acusaciones contra la regidora y los demás señalados corresponden a la versión de la alcaldesa y no implican, por sí mismas, una responsabilidad legal acreditada.
Cuestiona participación de Renato Romero en las protestas
La edil también se refirió al activista Renato Romero Camacho, quien ha participado en las movilizaciones contra el proyecto del Pozo Pavigi. Cuestionó su intervención en el conflicto al afirmar que es originario de la región de Libres y no reside en San Miguel Xoxtla.
Ortiz Pérez lo invitó a presentar propuestas para atender el problema del agua y criticó los comentarios que atribuyó al activista, los cuales calificó de misóginos.
Finalmente, aclaró que las carpetas de investigación contra Renato Romero y Pascual Bermúdez, según su versión, no fueron iniciadas por el Ayuntamiento, sino por autoridades estatales y federales a raíz del bloqueo de la autopista México-Puebla.
La alcaldesa vinculó esas indagatorias con las afectaciones económicas y humanas que, afirmó, provocó el cierre carretero. No obstante, no se detallaron en su exposición las resoluciones judiciales ni el estado procesal específico de dichas investigaciones.
